Señor Director:
Clamando justicia y respeto a los “irrestrictos” derechos humanos -como alardean personeros del gobierno-, hemos sido informados de la situación de abuso a la que están siendo sometidos algunos internos del centro penitenciario Colina II. Reclaman “tratos dignos a nuestras visitas”, “programas de reinserción social”, “adecuada y oportuna atención en salud”, entre otras demandas. Me recordó los peores tiempos de la Dictadura.
Cuando el gobierno dice que “hemos heredado los conflictos sociales que hoy vivimos”, me parece una mediocridad propia de quien no quiere asumir sus responsabilidades sociales, políticas y económicas. Más bien, es una justificación a la incapacidad que los está caracterizando. Llevan un tiempo prudente para haber exigido normativas, actitudes y cambios para el trato humano dentro de las cárceles. Ya lo mencionamos por esta vía en marzo: “De seguir en la misma órbita serían cómplices de tortura”.
Se destaca en el borrador de la nueva constitución- artículo 9 de los “Derechos fundamentales”- “(…) así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos”. ¿Burla o incompetencia?
Si no se ha mostrado cambio alguno en el trato digno del mundo penal, ¿Quién podría creer que sólo el Estado sea capaz sin la coordinación competente de la sociedad civil?
¡Qué descomunal soberbia!
Pbro. Nicolás Vial Saavedra – Presidente Fundación Paternitas
