Señor Director:
En las elecciones de mayo, solo el 41% de los chilenos habilitados para votar concurrió a las urnas. En la segunda vuelta para gobernadores, solo el 19,6%. Siendo conscientes de la baja participación ciudadana, se tomó la decisión de legislar por la vuelta al voto obligatorio. Un buen mecanismo para disminuir la abstención, pero ¿Qué pasa con las 20 mil personas privadas de libertad que, legalmente, sí están habilitadas para sufragar, pero a los que se les ha negado su derecho?
La Constitución especifica que pueden hacerlo aquellos ‘…que no hayan sido condenados a pena aflictiva’, es decir, que no cumplan más de 3 años y 1 día de sentencia o no haber sido acusados por algún delito terrorista. A fines del 2020, según datos de Gendarmería, más de tres mil eran los internos sin penas aflictivas y cerca de 14 mil los que se encontraban en calidad de imputados. O sea, cumplían con los requisitos. ¿Por qué no fueron contemplados? La participación pública es participación social y quienes quieren reinsertarse en nuestra sociedad deben poder hacerlo en todos sus ámbitos.
En Paternitas lo he visto en cientos de personas con antecedentes penales: la reinserción no solo es capacitación y colocación laboral. Lo son también las habilidades blandas, deberes, derechos, formación en diferentes aspectos que les permiten reconocerse como sujetos en igualdad de condiciones. Piezas que al unirlas se transforman en una verdadera oportunidad para volver a comenzar.
Las negaciones para incorporar en los recintos penales los elementos necesarios para el voto solo van en contra de lo que el Estado está destinado a hacer: ‘asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional’. También desvaloriza el trabajo que diferentes instituciones realizan por la reinserción social de quienes desean ser parte de nuestro país. Partamos por ahí, por lo que es legal y lo que corresponde.
Nancyloreto Muñoz
Encargada de comunicaciones
Fundación Paternitas